Evaluación de Impacto Regulatorio: 

un modelo a seguir

Sabemos que la competencia incentiva a que los agentes económicos mejoren la calidad de los productos y servicios que ofertan, así como a proponer precios atractivos para los consumidores, convirtiéndose en un estimulo permanente que propicia la eficiencia en la producción de bienes y en la prestación de servicios, la innovación y la tecnología.

Por su parte, la regulación afecta de forma directa e indirecta a la actividad económica. Son diversos los motivos por los cuales la regulación tiene una clara incidencia, generalmente adversa, sobre la competitividad, capacidad de crecimiento y viabilidad de las empresas.

Es así que, cuando la regulación resulta excesiva, desproporcionada o discrecional, genera impactos negativos en los agentes económicos, en los consumidores y en la economía, generando los efectos contrarios a los que la competencia incentiva.

Los agentes económicos ven afectada su competitividad, crecimiento y, en ciertos casos, viabilidad, como consecuencia de la regulación implantada, Por su parte, los consumidores nos vemos afectados en nuestra posibilidad de elección, experimentando en muchos casos el alza de precios y obteniendo productos de menor calidad, como consecuencia.

Es en este sentido, que la experiencia internacional nos demuestra, que resulta prioritario ofrecer a las entidades de la Administración Pública, una metodología, que de manera simplificada, permita analizar y valorar de forma previa el impacto que tendría determinada iniciativa normativa sobre la economía, con especial énfasis en su impacto en la competencia.

Resulta pues imprescindible, estudiar los motivos y oportunidad de las normas a ser emitidas, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines que se buscan y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas que tendrán.

Sin embargo, aquí no acaba el tema. Ya la literatura al respecto, nos indica la necesidad de, adicionalmente a efectuar esta evaluación, contar con una entidad, organismo o grupo de expertos encargados de verificar y evaluar la calidad de los estudios de impacto definitivos, por cuanto estos estudios suministran información empleada para la toma de decisión de implantación definitiva de una medida.

Queda claro, que introducir e implantar una la política pública de mejora normativa, que incluye la reducción de cargas administrativas o burocráticas y la evaluación del impacto normativo, es una tarea ardua y muy complicada, pero no imposible.